Bajo el estatus de Tercer País Seguro (TPS), el gobierno de Enrique Peña Nieto se está prestando a firmar un compromiso bajo el cual México acepta una cuota de deportación de inmigrantes indocumentados no mexicanos, y una cifra de solicitantes de asilo que buscan refugiarse en Estados Unidos.
Escudados bajo la Iniciativa Mérida, para no tener que usar el compromiso del TPS, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos doblegó esta semana a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Gobernación, para que acepten el nuevo compromiso migratorio que favorece las políticas en esa materia de Donald Trump.
El gobierno de Peña Nieto, por medio del embajador en esta ciudad, Gerónimo Gutiérrez, había asegurado en entrevista con Proceso que no se firmaría ningún acuerdo para convertir a México en un filtro migratorio del gobierno estadunidense, aunque luego aceptó que si se estaba discutiendo el tema (Proceso 2180).
Apro revisó el documento que el gobierno de Trump envió al Congreso federal de Estados Unidos para notificarlo del compromiso que se suscribirá con el saliente gobierno mexicano para que no pueda ser rechazado por el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, si se integra bajo los estatutos de la cooperación bilateral antinarcóticos vigentes, es decir, la Iniciativa Mérida.
Las cuotas de deportaciones de inmigrantes indocumentados no mexicanos se establecerán conforme a las personas detenidas en su intento por ingresar a Estados Unidos por la frontera norte de México. Esto quiere decir, que en lugar de que el gobierno de Trump asuma la responsabilidad de repatriarlos a sus países de origen, los turnará al gobierno mexicano para que este se encargue del trámite de deportación.
Esta semana, sin que se diera a conocer su agenda, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajaron a esta ciudad para sostener conversaciones con funcionarios del Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de definir los detalles del compromiso que jurídicamente evita denominar a México como Tercer País Seguro para el caso de solicitudes de asilo de inmigrantes no mexicanos.
Como lo reportó Proceso, el gobierno de Peña Nieto había estado negociando con el de Estados Unidos el convertir al país en una especie de filtro migratorio para evitar que cualquier ciudadano no mexicano, que busque asilo por cualquier razón en suelo estadunidense, primero lo solicite a México.
Con esta medida, el gobierno de Trump evitará que los inmigrantes indocumentados, principalmente procedentes de Centroamérica, se acerquen a su frontera sur.
En entrevista con Proceso, el embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, aceptó que no habían explicado fehacientemente lo que estaban negociando con Washington, pero aseguró que el asunto del Tercer País Seguro estaba anulado.
Funcionarios del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel Lopez Obrador manifestaron a Proceso que, aunque el gobierno de Peña Nieto firmara el asunto, quedaría anulado una vez que asumieran el poder.
Sin embargo, la estrategia de Videgaray y de Navarrete Prida para evitar el veto o anulación del gobierno de López Obrador, fue buscar la alternativa de incluir el compromiso migratorio dentro de la Iniciativa Mérida, firmada con el gobierno del presidente Felipe Calderón para combatir de manera bilateral al narcotráfico y al crimen organizado.
Cuando el gobierno de Peña Nieto aceptó negociar la posibilidad de convertir a México en un tercer país seguro, consideró la propuesta de Trump de aceptar unos 800 millones de dólares para financiar los costos de infraestructura y servicios humanos que se requerirán para el proceso de asilo de inmigrantes no mexicanos, aunque la cifra que finalmente ofreció Washington a Videgaray y Navarrete Prida es mucho menor.
